En julio de 2010, EL UNIVERSAL informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detectó este caso de presunta explotación laboral contra unos 160 jornaleros mexicanos por parte de la empresa Peri & Sons Farm, ubicada en Yerington, que obligó al Departamento del Trabajo Federal estadounidense a investigar los hechos.
Los afectados denunciaron anomalías como el pago de salarios menores a los pactados, retraso en los mismos, descuentos injustificados, falta de equipo para laborar en condiciones de seguridad y de servicios médicos, así como vivir en condiciones de hacinamiento.
Durante más de un año —desde septiembre de 2009— se recabaron las evidencias para preparar la demanda, que fue presentada ante la Corte Federal de Distrito con sede en Reno, en defensa de los intereses de los 21 mexicanos que eran portadores de visas temporales de trabajo (H2A) y que hoy piden compensación por violaciones a su contrato de trabajo y a sus derechos.
La cancillería destacó que la acción jurídica, en la que los jornaleros son representados por la firma de abogados estadounidenses Hughes, Socol, Piers, Resnick y Dym, busca recuperar los salarios no pagados por la empresa a los demandantes y a otros trabajadores que pudieran sumarse.
Ante las irregularidades, los jornaleros pidieron apoyo al párroco de la iglesia de la Sagrada Familia y la SRE denunció los abusos.
Tras realizar visitas de inspección a los campos agrícolas, en abril de 2010 las autoridades laborales estadounidenses confirmaron al Consulado que “se detectaron elementos constitutivos de violaciones a la legislación laboral” y se procedió a realizar acciones de negociación y arbitraje, que no prosperaron, por lo que corresponderá a la corte definir la viabilidad de la demanda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario