Para que se multipliquen los empleos bien remunerados, la economía nacional debería crecer de forma más dinámica, por arriba de 6.5% de su PIB y más allá de un año o dos.
En promedio, la economía ha crecido a una tasa promedio anual de 3.6%, según el Producto Interno Bruto (PIB) promedio de los últimos cuarenta años.
Dado que por cada punto porcentual de crecimiento se generan alrededor de 150 mil empleos formales al año, el potencial de la economía de generar plazas formales a la tasa de crecimiento existente es de apenas 540 mil empleos formales.
Este número es apenas la mitad de las más de un millón de plazas que la economía requiere crear cada año para absorber a la nueva fuerza de trabajo que se incorpora al mercado laboral del país.
Por tanto, para que se creen los empleos necesarios, se requiere de un crecimiento económico superior a 6.6% de forma anual.
El magro crecimiento de México, que el año pasado rebotó 5.5%, tras la fuerte caída de 6.2% de 2009, contrasta con el avance en otras naciones en desarrollo como Brasil, India y China, que llevan varios años creciendo a tasas superiores y generando empleos y salarios reales de forma creciente.
Según el sentir de diversos analistas, para que la economía crezca más se requiere hacerla más flexible.
Parte de esta flexibilidad se considera que debe venir desde el ámbito laboral.
La Ley Federal del Trabajo mexicana vigente data de los años setenta por lo que ciertamente carece de menor representación del actual mercado laboral considerando los requerimientos laborales del país en un entorno globalizado.
Hay voces que perciben como indiscutible la delimitación de los poderes hegemónicos sindicales y de prácticas nada ligadas a la productividad como el llamado escalafón ciego (Art. 159 de la LFT), que implica que en caso de que el patrón no capacite a sus empleados, se otorgará cualquier ascenso laboral disponible a la persona con mayor antigüedad, sin considerar su aptitud.
La propuesta que el ejecutivo buscó impulsar entre los partidos en turno y el anterior. Sin embargo, no analiza aspectos que sí son considerados en otras naciones, tales como una clara vinculación entre desempleo y capacitación, y la existencia de seguros de desempleo cuando los mercados son flexibles en cuanto al despido de los trabajadores.
La flexibilidad laboral, que reduce las barreras a la contratación y despido al abaratar estos costos, genera altos niveles de desempleo cuando el ciclo económico es recesivo, tal como ocurre actualmente en los países desarrollados, cuyas tasas de desempleo superan en algunas naciones los dos dígitos.
Vinculación laboral
Aunque en el ciclo económico expansivo de la economía los empleos se recuperan, esas naciones, cuentan con herramientas y políticas que apoyan a los trabajadores en el tránsito, como el seguro de desempleo y medidas para capacitar y mantener a la población desempleada vinculada al mercado laboral.
La economía nacional requiere además de mayores niveles de inversión tanto pública como privada, como proporción del PIB, así como lograr mejoras tecnológicas para hacerla más competitiva.
Se requiere de un marco jurídico más sólido y medidas que doten de condiciones más favorables para las empresas, para que así, éstas generen más y mejores empleos.
En este sentido, otra de las medidas de flexibilización a las que se ha hecho amplia referencia es la reforma fiscal, aunque una integral más que recaudatoria, que considere la eficiencia del gasto y la transparencia del uso de los recursos públicos.
En el país, el gasto corriente triplica el gasto en capital.
El año pasado el gasto en inversión creció a una tasa anual de 3.5% real, cifra que contrasta con la tasa de crecimiento del gasto en capital, que repuntó 2.3% a tasa anual real.
De hecho, los ingresos excedentes que han entrado al país por los altos precios internacionales del petróleo a partir de 2002, han terminado en mayor medida en forma de gasto corriente, no productivo.
Sin embargo, cualquier posible cambio en la estructura del país seguramente quedará una vez más supeditada a las decisiones del sistema político mexicano y al impasse, o punto muerto, político en el que ya se entró previo a las elecciones de 2012. Además, que es menos probable aún que la clase política nacional decida auto legislarse.
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