En víspera de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones al Código de Procedimientos Penales para endurecer sanciones contra falsos promotores de empleo.
Durante una breve sesión, los integrantes de este grupo de trabajo aprobaron por cuatro votos contra uno, las reformas que tipifican el fraude laboral como un delito grave.
De acuerdo con el presidente de esta Comisión, el perredista Julio Cesar Moreno, el objeto de la iniciativa es no dejar en el desamparo a los ciudadanos afectados por esta nueva modalidad de fraude.
Explicó que en la actualidad se cometen cerca de 10 mil estafas de este tipo cada año, aprovechando que los afectados se encuentran en condiciones vulnerables.
La modalidad consiste en publicar en medios impresos -volantes o carteles- la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, con sueldos aparentemente atractivos a cambio de una remuneración económica, sin que ello se cumpla o que de último momento la propuesta cambie por un puesto de ventas por comisión.
Para Moreno Rivera agregando el artículo 233 bis al Código Penal para el Distrito Federal se busca sancionar con una pena privativa de la libertad por un lapso de entre seis meses y 10 años y de los 400 a cuatro mil días multa.
Ahí sostuvo que esta nueva modalidad de fraude se da cuando empresas regulares e irregulares le quitan el dinero a la gente por medio de engaños, que aunque es en pequeñas sumas, en su conjunto representan fuertes cantidades de dinero.
Conforme a lo aprobado por los legisladores de la Asamblea Legislativa este delito se seguirá de oficio, y será calificado como delito grave debido a que algunas de estas empresas ya ni se toman la molestia de cambiar su domicilio debido a que las autoridades no castigan a nadie por estas acciones.
Dijo que estas seudo empresas han adoptado otras formas o pretextos para operar el fraude a los desempleados, solicitando una cuota que según ellos es generada por gastos de administración para cubrir la inscripción a una base de datos, cubrir exámenes sicológicos, sicométricos, médicos, visas, pasaportes, o la compra de un producto, objeto del supuesto negocio.
Se prevé que el próximo jueves suba al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal esta propuesta para que se apruebe y entre en vigor en los próximos meses de este año.
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