Fabiola Martínez
Periódico La Jornada Lunes 9 de mayo de 2011, p. 22 De acuerdo con el resumen de la organización Familia Pasta de Conchos, estos son otros de los indicadores más preocupantes que hallaron los inspectores federales del trabajo en 2010: –De 14 empresas a las que los inspectores solicitan exámenes médicos de inicio y de seguimiento a la salud de los mineros, 13 no los tienen, no los hacen. –De 25 empresas a las que se les solicitó que exhibieran los contratos, una tiene contrato colectivo de trabajo; nueve tienen contratos individuales escritos por tiempo indefinido, temporal o por obra, y 15 tienen contratos verbales. –De las 32 empresas, los trabajadores están sindicalizados sólo en una. –De 19 empresas a las que les solicitan información sobre el reparto de utilidades, 13 no lo hacen y ocho no presentan declaraciones anuales. –De 14 empresas a las que les solicitan la información sobre pago de aguinaldos, vacaciones y primas vacacionales, ocho no los tienen. –Ninguna de las 32 empresas despidió en todo este año a ningún trabajador, igual que en 2009, todos renuncian voluntariamente; seis empresas no pueden comprobar que pagan los finiquitos, y nueve pagan a destajo. –De las 21 empresas a las que les solicitan mostrar sus medidores manuales de gas metano, 19 no los tienen. –De 14 empresas a las que se les pide que muestren el análisis de incombustibilidad (prueba que debe hacerse cada mes para determinar que la cantidad de polvo inerte para evitar explosiones de polvo de carbón es suficiente), 12 no los tienen. –De 21 empresas a las que se les pidió que muestren su análisis de riesgo para determinar áreas propensas a desprendimientos de carbón y de gas, 18 no lo tienen. –De 18 empresas en las que se investiga si entregan auto-rescatadores a los mineros, 16 no lo hacen y las dos restantes entregan a los mineros auto-rescatadores insuficientes y no reemplazos para que en caso de emergencia los trabajadores puedan salir a la superficie. –De 16 empresas, sólo una tiene baños, regaderas, comedores o áreas para que los trabajadores puedan comer de forma higiénica. –Sólo en un centro de trabajo se identificó a un menor de edad.
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Lunes 9 de mayo de 2011, p. 41
Lunes 9 de mayo de 2011, p. 41
El número de inspectores federales del trabajo en México es inferior al nivel recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), máxima agencia de las Naciones Unidas para esta materia.
En todo el país hay 376 inspectores que deben atender miles de centros de trabajo de los sectores agrario, industria, construcción y servicios. En el caso de Coahuila, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reporta 19 plazas en ese rubro, de los cuales 11 atienden la región carbonífera.La OIT indica a los gobiernos que deben tener por lo menos cuatro inspectores por cada 100 mil trabajadores, mientras que en nuestro país esta relación no llega ni a uno por cada 100 mil, denunció la organización Familia Pasta de Conchos.
Después de los hechos en esa mina, en febrero de 2006, con saldo de 65 muertos (63 permanecen enterrados ahí) fue ampliada la plantilla de inspectores quienes, de acuerdo con organizaciones consultadas son empleados que perciben salarios de siete mil pesos al mes.
En tanto, los funcionarios de la STPS, que encabeza Javier Lozano, tienen ingresos muy por encima de ese rango y utilizan millonarios recursos para el pago, por ejemplo, del alquiler de un edificio en Paseo de la Reforma (Glorieta Colón) a donde el funcionario trasladó su despacho.
De acuerdo con el más reciente informe de la Familia Pasta de Conchos, elaborado con base en datos oficiales obtenidos en Coahuila y en el Distrito Federal, los inspectores federales son insuficientes. Sin embargo, sus indagatorias y conclusiones no han sido tomadas en cuenta para revertir la situación de la zona carbonífera.
Precisó que pese a las verificaciones oficiales, sólo una mínima proporción de trabajadores de las minas de carbón tiene seguridad social y otras condiciones laborales que la ley exige.
“El secretario Lozano tiene qué contestar por qué disminuyó el presupuesto de STPS en materia de seguridad y salud y pasó el dinero a promoción del empleo, que también es insuficiente.
La STPS destaca en su página electrónica que en 2006 había 218 plazas de inspector y que actualmente son 376. Del caso Coahuila, al inicio del sexenio había 11 inspectores y, de éstos, cinco estaban registrados para la zona carbonífera (Sabinas). Este año, las plazas son 19 en aquella entidad y 11 en la región de minas de carbón, lo que significa un aumento –presume la dependencia– de 120 por ciento.
“El secretario Lozano tiene qué contestar por qué disminuyó el presupuesto de STPS en materia de seguridad y salud y pasó el dinero a promoción del empleo, que también es insuficiente.
Me pregunto por qué los burócratas de mediano y primer nivel han incrementado su sueldo 20 por ciento y los inspectores del trabajo siguen ganando 7 mil pesos mensuales. Ese tipo de información es la que pretende ocultar Lozano con su verborrea y las fotografías tan insulsas que toma y difunde del accidente en Sabinas. Son acciones que insultan, señaló Carlos Rodríguez, integrante de dicha organización, así como del Centro de Acción y Reflexión Laboral.
La STPS destaca en su página electrónica que en 2006 había 218 plazas de inspector y que actualmente son 376. Del caso Coahuila, al inicio del sexenio había 11 inspectores y, de éstos, cinco estaban registrados para la zona carbonífera (Sabinas). Este año, las plazas son 19 en aquella entidad y 11 en la región de minas de carbón, lo que significa un aumento –presume la dependencia– de 120 por ciento.