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El éxodo de empresas constructoras del norte del país por la inseguridad va a generar desempleo “y no sabemos cuánto”, reconoció el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), José Eduardo Correa Abreu.
Dijo que el problema de extorsiones y el cobro de derecho de paso que el crimen organizado aplica a Tamaulipas, Sonora, Durango, Nuevo León y Chihuahua “es real y cada empresa paga su propia seguridad, instalando cámaras de video y vigilancia, aumentando su personal de vigilancia y contratando seguridad privada”.
“Hay empresarios del ramo que incluso cambian de coche cada hora, cada medio día o cada tres veces, dependiendo de los recursos que tienen y lo inseguro que se sienten, sobre todo en la zona en que viven”.
El gasto que realizan le pega a las utilidades de las constructoras, añadió. “Antes podíamos hablar de que el margen de utilidad era de hasta 10% en una obra pública, incluso en vivienda. Hoy no podemos hablar de un margen arriba de 5%, no específicamente por seguridad” afirmó Correa Abreu.
Dijo el empresario que no puede difundir los nombres de las constructoras que han emigrado del norte del país, “imagínate te voy a decir, Juan, Pedro, se salieron de Ciudad Juárez porque tienen miedo. Entonces aquí la secrecía sobre la seguridad de cada uno es mayor que dar el nombre”.
Sobre el derecho de paso que el narco cobra a los industriales, Correa Abreu aseguró que es una cuota que “no sabemos bien a bien cual es, porque a quienes se lo aplican no lo quieren decir y cuántas veces te lo aplican en una semana, tampoco lo sabemos”.
En conferencia de prensa, el dirigente fue cuestionado en torno a si están incorporando el factor seguridad en las perspectivas del sector.
“Los costos de seguridad no se pueden incluir en los precios unitarios, porque no están tipificados como tal, si los clasificaramos estaríamos aceptando que la seguridad nos está pegando, estaríamos fuera de la ley y de hecho, la seguridad no está dentro de los conceptos catalogados en la ley”, dijo.
Sobre el impacto en el empleo que las extorsiones y el pago por derecho de paso para acceder a las obras está provocando la delincuencia organizada entre empresas de la construcción en los estados del norte del país, el presidente de la CMIC reconoció: “obviamente, al haber migración de las empresas constructoras, específicamente del sector, no me quiero meter en ninguna otra rama, se va a dejar de generar en esas zonas el empleo que nosotros derramamos. Nosotros lo mismo le damos trabajo a un doctor, que a un ingeniero o mano de obra calificada. Claro que sí va bajar el requerimiento de empleo”.
El empresario dio a conocer el Compendio Económico Mexicano de la Industria de la Construcción Vol. 3 y la Bitácora de Vivienda Vol. 2, documentos en los cuales destaca que en este momento México tiene igual número de trabajadores en la rama de la construcción que Estados Unidos, 5.7 millones, aunque el vecino país del norte viene de una severa crisis hipotecaria.
Inseguridad pega a IP mexiquense
Hasta 12% de su presupuesto anual destinan empresas del Estado de México en materia de seguridad, dijo Édgar Gerardo Cerecero, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Toluca.
“Ante el clima de inseguridad en el estado, los empresarios, en un lapso de dos años, pasaron de 3% a 12% para asegurar tanto su personal, instalaciones, mercancía y transportes”, informó el dirigente patronal.
Además de los secuestros y el robo constante de mercancía, destacó que la nueva modalidad es el “Caballo de Troya” y para combatirlo, implementan sistemas de rayos X.
“Lo que hacen los delincuentes es asaltar al transportista, lo amagan y se sube en la parte de atrás de la cabina todo un comando armado, hacen que entre la unidad a la empresa y llevan a cabo sus fechorías”.
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