El planteamiento de que la “flexibilización” del mercado laboral contribuirá a resolver los problemás estructurales de México es demasiado ambicioso y deja de lado a las necesidades de todos los trabajadores.
Las altas tasas de desocupación, los bajos salarios, el incumplimiento de las leyes laborales y la rampante economía informal desafían a la visión citada.
Debemos preguntarnos sobre cómo el facilitar el despido y la contratación va a resolver los aspectos referidos.
La respuesta es simple, no lo hará. También es prioritario cuestionar sobre cómo beneficiará a los trabajadores el que se les otorgue contratos a prueba, que durante un tiempo no cuenten con la certidumbre de tener un empleo permanente.
En realidad la visión de la reforma estima que se elevará la competitividad del país en función de disminuir los costos laborales, es decir sacrificando salarios y prestaciones laborales. El mecanismo no es novedoso, se implementó desde la década de los años ochenta y su único resultado ha sido el de afectar el crecimiento y también el desarrollo del mercado interno.
Ante el gran ejército de desempleados y subocupados que actualmente existen en nuestro país, el resultado de la propuesta provocaría sin duda una disminución de los salarios porque en una economía de bajo valor agregado difícilmente se tienen incentivos para premiar la productividad de los trabajadores.
Especialmente en aquellos sectores en donde de manera intensiva se utiliza mano de obra de baja calificación y en donde sustituir al personal no provoca retrasos muy significativos.
Jóvenes desempleados
Además, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda edición 2010, los jóvenes ocupan una proporción significativamente mayor a la de aquellas personas que tienen más de 40 años, por lo que existirán incentivos para que las empresas suplan a los trabajadores que les generan costos laborales elevados por jóvenes a los que les otorgaran menores prestaciones.
No se puede argumentar que la experiencia y los estudios serán una salvaguarda, en la actualidad las estadísticas muestran que las tasas de desocupación más apremiantes se encuentran vinculadas con este grupo. La explicación es sencilla: en un país de bajo valor agregado, con un sector exportador en donde predomina la maquila y un sector servicios centrado aspectos básicos como el comercio, la hotelería, la comida y el transporte, no es necesario contratar a la gente de mayor experiencia y educación.
Lo más preocupante de todo es que la reforma propuesta no tiene vinculación con el crecimiento económico pero sobre todo con el bienestar social. Como ejemplo puede citarse que no se presenta un escenario en donde se indique cuál será el impacto en los salarios, las prestaciones, el empleo y la inversión, sólo se adelanta la afirmación de que contribuirá a la productividad y competitividad de México.
En el último aspecto debe citarse que ello es bastante cuestionable ya que en no existen medidas amplias de productividad sectorial y regional bajo las cuales pueda afirmarse categóricamente cual es la situación actual y a partir de ello el impacto que la reforma tendría. Finalmente no se contempla un mecanismo para asegurar que un trabajador productivo recibirá una paga que corresponda con ello, ¿qué obligará a una empresa a repartir los beneficios recibidos?
Eso se llama distribuir la riqueza, y la propuesta no se preocupa de atender dicho aspecto, y ese sí es un verdadero problema estructural, histórico en México, que la reforma no resolverá.
*Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México
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