Protestan maestros michoacanos por falta de medicamentos en el ISSSTE

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 4 de marzo de 2011, p. 40

Morelia, Mich., 3 de marzo. Al menos 15 mil profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron frente a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de ahí marcharon al centro histórico de esta capital para exigir el abasto de medicamentos.

También demandaron el cumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno de Michoacán en 2010, así como el retiro de la iniciativa de Ley Estatal de Educación presentada al Congreso local. La movilización provocó conflictos viales en Periférico Sur, Calzada Juárez y el centro de la ciudad.
Alrededor de las 9 horas, acompañados de organizaciones sociales y estudiantes, los miembros del organismo disidente se plantaron frente a la delegación administrativa del ISSSTE, donde exigieron instalar una mesa de trabajo para resolver pronto el desabasto de medicamentos.
A las 11 horas los contingentes de la CNTE arribaron a la casa de gobierno, donde un grupo de maestros fue recibido por funcionarios estatales, con quienes acordó analizar los puntos pendientes de la minuta de 2010, relacionados con prestaciones por 200 millones de pesos y con el apoyo (pendiente desde 2008) de 300 millones de pesos para obras de infraestructura en comunidades marginadas.

A las 13 horas, los manifestantes llegaron a palacio de gobierno, donde el dirigente estatal de la CNTE, Jorge Cázares Torres, exigió que se abra la discusión sobre la nueva Ley de Educación que se envió al Congreso local, porque no aceptaremos una imposición que atente contra el derecho social.
El dirigente magisterial afirmó que la sección 18 de la CNTE no fue tomada en cuenta en los foros de consulta para integrar la nueva propuesta de ley, a la que calificó de ilegítima, antidemocrática y antilaboral.
Agregó que la iniciativa fue resultado del trabajo cerrado y de escritorio de los diputados de la Comisión de Educación y sus asesores. Carece de respaldo social y la rechazan los actores principales de proceso educativo: los trabajadores de la educación, los estudiantes y los padres de familia.